El cura y sus monaguillos, o mejor dicho, el fariseo más grande y sus discípulos, hablaron por mucho tiempo del positivismo jurídico, como algo que le hace daño al país.
En realidad el asunto es que el positivismo jurídico le hace daño a quienes ellos defienden con ahínco. Ah. ¡Lo mejor de todo es la flexibilidad laboral!
Pero ¿existe tal positivismo jurídico en Guatemala? ¿Hay acaso una tipo de justicia concreta que afecta a todos por igual? ¿Se puede decir que en Guatemala nadie es superior a la ley? No. Aquí la legislación se acata pero no se cumple.
Un excelente artículo publicado ayer en el Periódico se refiere a lo que estoy hablando:
“El lunes pasado, dos columnistas de este diario instaban, uno, a que la firmeza prometida por uno de los candidatos presidenciales se aplicara para defender “todo” el orden legal del país, y no solo partes seleccionadas; la otra, a reflexionar sobre las simplezas e inconsistencias en que suele incurrir un centro de divulgación de doctrina socioeconómica. En su programa radial vespertino, ese mismo día, otro comentarista respondía a ambos, es de suponer, por alusión. Sus réplicas no hicieron sino reiterar las simplezas e inconsistencias denunciadas, al tiempo que las extendía al punto del primer columnista aludido. Este señalaba la indolencia cómplice de varios gobiernos respecto del incumplimiento de las leyes laborales, incluyendo la del salario mínimo. A esto respondía el comentarista radial que la persecución de quienes no pagan el salario legalmente sancionado como mínimo representa una acción de “terrorismo fiscal”, insinuando así su ilegitimidad. El argumento esgrimido era de tipo supuestamente económico, campo que en el análisis final, según él, debiera determinar incluso la obediencia –o en este caso, la desobediencia– de la ley.
Al mismo tiempo, respondía al escepticismo crítico de quien cuestionaba la validez de dogmas entrañables de la enseñanza neoliberal, como que el mercado es un fenómeno natural, o casi, y en consecuencia, que la economía es una ciencia exacta, o casi. Solo tal “naturalidad” y “exactitud” podrían “justificar”, no solo la apología del delito, sino también la inconsistencia de abogar por una sociedad sin privilegios al tiempo que se defienden estos bajo el pretexto de defender “un” orden económico concebido como precedente y superior al jurídico. En realidad, se trata de “un cierto” orden económico, porque tan pronto como, por ejemplo, el campesinado reclama, también bajo razones económicas, la justicia de ocupar tierras, la misma escuela doctrinaria que defiende que no se paguen salarios mínimos, como lo manda la ley, apela, ahí sí, al imperio de la ley y la defensa del Estado de Derecho. La ley se cumple, no se discute, sentencian con firmeza aquí, pero no allá: infringir leyes laborales es competitividad; leyes de la propiedad, delito.
¿O es que el secreto es cumplir las leyes que gurús o epígonos digan que hay que cumplir? Vaya si esto no confirmaría la sospecha sobre la vocación oligopólica y oligárquica de la escuela ultraliberal: unos pocos con el monopolio de la riqueza, el poder y la verdad”
Por Dávila Estrada.
Maña de los columnistas de no decir nombres. El primero de los referidos es Juan Luís Font, quien para mi es de los periodistas más inteligentes de Guatemala. Aunque trabaje en Libre Encuentro. La segunda pudo ser Marcela Gereda. El comentarista radial es, nada más y nada menos, que el malogrado de Geovani Fratti. Hay algunos que se arrastran y procuran que se note lo más posible.
En realidad el asunto es que el positivismo jurídico le hace daño a quienes ellos defienden con ahínco. Ah. ¡Lo mejor de todo es la flexibilidad laboral!
Pero ¿existe tal positivismo jurídico en Guatemala? ¿Hay acaso una tipo de justicia concreta que afecta a todos por igual? ¿Se puede decir que en Guatemala nadie es superior a la ley? No. Aquí la legislación se acata pero no se cumple.
Un excelente artículo publicado ayer en el Periódico se refiere a lo que estoy hablando:
“El lunes pasado, dos columnistas de este diario instaban, uno, a que la firmeza prometida por uno de los candidatos presidenciales se aplicara para defender “todo” el orden legal del país, y no solo partes seleccionadas; la otra, a reflexionar sobre las simplezas e inconsistencias en que suele incurrir un centro de divulgación de doctrina socioeconómica. En su programa radial vespertino, ese mismo día, otro comentarista respondía a ambos, es de suponer, por alusión. Sus réplicas no hicieron sino reiterar las simplezas e inconsistencias denunciadas, al tiempo que las extendía al punto del primer columnista aludido. Este señalaba la indolencia cómplice de varios gobiernos respecto del incumplimiento de las leyes laborales, incluyendo la del salario mínimo. A esto respondía el comentarista radial que la persecución de quienes no pagan el salario legalmente sancionado como mínimo representa una acción de “terrorismo fiscal”, insinuando así su ilegitimidad. El argumento esgrimido era de tipo supuestamente económico, campo que en el análisis final, según él, debiera determinar incluso la obediencia –o en este caso, la desobediencia– de la ley.
Al mismo tiempo, respondía al escepticismo crítico de quien cuestionaba la validez de dogmas entrañables de la enseñanza neoliberal, como que el mercado es un fenómeno natural, o casi, y en consecuencia, que la economía es una ciencia exacta, o casi. Solo tal “naturalidad” y “exactitud” podrían “justificar”, no solo la apología del delito, sino también la inconsistencia de abogar por una sociedad sin privilegios al tiempo que se defienden estos bajo el pretexto de defender “un” orden económico concebido como precedente y superior al jurídico. En realidad, se trata de “un cierto” orden económico, porque tan pronto como, por ejemplo, el campesinado reclama, también bajo razones económicas, la justicia de ocupar tierras, la misma escuela doctrinaria que defiende que no se paguen salarios mínimos, como lo manda la ley, apela, ahí sí, al imperio de la ley y la defensa del Estado de Derecho. La ley se cumple, no se discute, sentencian con firmeza aquí, pero no allá: infringir leyes laborales es competitividad; leyes de la propiedad, delito.
¿O es que el secreto es cumplir las leyes que gurús o epígonos digan que hay que cumplir? Vaya si esto no confirmaría la sospecha sobre la vocación oligopólica y oligárquica de la escuela ultraliberal: unos pocos con el monopolio de la riqueza, el poder y la verdad”
Por Dávila Estrada.
Maña de los columnistas de no decir nombres. El primero de los referidos es Juan Luís Font, quien para mi es de los periodistas más inteligentes de Guatemala. Aunque trabaje en Libre Encuentro. La segunda pudo ser Marcela Gereda. El comentarista radial es, nada más y nada menos, que el malogrado de Geovani Fratti. Hay algunos que se arrastran y procuran que se note lo más posible.
