Artículo publicado por Gabriel Orellna en su columna "VOX SIGNATA". SIGLO XXI 12/03/0/
La Constitución, en su ar-tículo 23, consagra la “inviolabilidad de la vivienda” (no importa cuan humilde sea). Corolario de esa inviolabilidad es que: “Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las seis ni después de las dieciocho horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado, o de su mandatario”.
Y es que, como dice el Pacto de San José: “Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio…” (artículo 13.2). Sobra decir que, tratándose de un derecho humano, debe interpretarse extensivamente en favor de la persona: in dubio pro libertate.
Por mandato constitucional, el Estado y las autoridades, por igual, deben “mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantizan” (artículo 138); y por no hallarse comprendido dentro de los derechos “limitables”, no cabría en este caso afectar esta inviolabilidad ni en los casos “de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública”.
Vienen al caso estas consideraciones para señalar la conducta abusiva del alcalde de Santa Cruz Balanyá quien, según El Periódico (08.03.07), recorrerá “las casas frente a las cuales Bush y Berger pasarán, para explicarle a los vecinos por qué los fornidos, altos y rubios agentes van a revisar su casa el fin de semana…”. ¡“Van a revisar”! Nada de pedir permiso.
¿Cómo se las ingeniará la Embajada estadounidense para describir este abuso en su próximo informe sobre la situación de los DH en Guatemala?
Y es que, como dice el Pacto de San José: “Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio…” (artículo 13.2). Sobra decir que, tratándose de un derecho humano, debe interpretarse extensivamente en favor de la persona: in dubio pro libertate.
Por mandato constitucional, el Estado y las autoridades, por igual, deben “mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantizan” (artículo 138); y por no hallarse comprendido dentro de los derechos “limitables”, no cabría en este caso afectar esta inviolabilidad ni en los casos “de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública”.
Vienen al caso estas consideraciones para señalar la conducta abusiva del alcalde de Santa Cruz Balanyá quien, según El Periódico (08.03.07), recorrerá “las casas frente a las cuales Bush y Berger pasarán, para explicarle a los vecinos por qué los fornidos, altos y rubios agentes van a revisar su casa el fin de semana…”. ¡“Van a revisar”! Nada de pedir permiso.
¿Cómo se las ingeniará la Embajada estadounidense para describir este abuso en su próximo informe sobre la situación de los DH en Guatemala?
2 comentarios:
Hijos de la gran puta! y el cerote alcalde, por cinco minutos de protagonismo -a lo sumo- prostituye su dignidad y la de su pueblo.
Que huevos, mano!
Totalmente de acuerdo. Eso es un atropello gigante a la propiedad aquellos a quienes les revisaron la casa así por así, y no importando quienes fueran, agentes del servicio secreto, pnc, o quien quiera, deberían de ser perseguidos, apresados y juzgados por atropello a la vivienda. Realmente es inadmisible este tipo de acciones.
Saludos,
Luis
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